Protección de datos para
universidades y centros superiores

Sí. El art. 34.1.f) de la LOPDGDD establece la obligación expresa de designar DPD para las universidades públicas y privadas. No es una cuestión de análisis discrecional: la ley las nombra explícitamente. Aunque esta es la regla general del sector, la exigencia final dependerá de la escala, volumen y tipología exacta de los tratamientos de cada entidad. Cada caso requiere un análisis individualizado.

Sí. El expediente académico contiene datos personales del estudiante y tiene derecho a acceder a él. La universidad debe responder en el plazo de un mes. El derecho de acceso al expediente académico regulado en la normativa universitaria coexiste con el derecho de acceso del RGPD.

Sí. El RGPD contempla una excepción para el tratamiento de datos con fines de investigación científica (art. 9.2.j y art. 89). Las universidades pueden tratar categorías especiales de datos en proyectos de investigación sin el consentimiento del interesado si se aplican las garantías adecuadas, la pseudonimización y los comités de ética correspondientes.

Cuando los estudiantes acceden a datos de terceros en el marco de prácticas externas (empresas, hospitales, entidades públicas), la entidad de acogida es responsable del tratamiento de esos datos. La universidad y la entidad de acogida deben regular contractualmente el acceso del estudiante a los datos y el deber de confidencialidad.

Solo si se cuenta con la base jurídica adecuada (consentimiento del interesado o excepción de investigación) y si los datos están debidamente protegidos. La publicación del TFG o TFM en repositorios abiertos puede suponer una transferencia de datos que requiere anonimización o el consentimiento explícito de los afectados.

Sí. La colaboración con universidades e instituciones fuera del EEE en proyectos de investigación que impliquen intercambio de datos personales requiere garantías adecuadas: cláusulas contractuales estándar, países con nivel de protección adecuado o, en el caso de la investigación, la exención del art. 49.1.d RGPD cuando es necesario para razones de interés público.